La transformación digital afecta a todas las empresas, sin importar tamaño o sector, pero también a la Administración Pública. No hay duda de que el sector público también tiene que avanzar hacia la denominada Administración digital, así como las empresas y organizaciones que dependen de ella. Y el motivo es doble: primero, por el ahorro de costes, y segundo, porque se tiene que adaptar a las nuevas demandas de consumo y comunicación de los ciudadanos, permitiendo una reducción de la burocracia y una mayor cercanía.
Pero si la transformación digital tiene una incidencia en mayor o menor medida en las compañías, el sector público requiere de un esfuerzo mayor para alcanzar una digitalización óptima que abarque a toda la ciudadanía y no solo a una determina cuota de clientes. Se trata de una transformación a gran escala en la que se tiene que analizar un cambio generalizado, con sus particularidades legales y territoriales, los procesos de adaptación, el presupuesto público y los recursos limitados todo ello sin olvidar la eficiencia propia del sector público.